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Por Licenciado Rolando Antonio Castillo López

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Me da risa cuando escucho a los maestros gritar al unísono, “no a la privatización de la educación”, hipócritamente aparentando una defensa a la Constitución Política de la República de Guatemala, que al igual que la Justicia y la Salud, enmarca que es responsabilidad del Estado. He escrito sobre el tema en varias ocasiones y lo hago nuevamente, porque ayer me llamó la atención ver a un pequeño grupo de maestros y maestros sentados en la banqueta, en frente de la Dirección de Educación, asoleándose, sin hacer nada, más que fastidiar el tráfico de los vehículos.

Me llamó nuevamente la atención al leer uno de las cartulinas que pegaron en las puertas de la Dirección de Educación, que decía lo mismo, “no a la privatización de la educación”, es una expresión quemada, mal lograda y sucia en todo su contenido, porque son los mismos maestros, por supuesto no todos, pero si un buen grupo de propietarios de colegios, que exprimen el presupuesto general de egresos de la nación con su salario y prestaciones de Ley, y sobre eso son empresarios, vendedores de la educación, cuando en la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 74 dice que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita.

Es contradictorio que el mismo gobierno que representa políticamente y de manera administrativa los bienes del Estado, ha permitido y legalizado la cantidad de establecimientos educativos que venden educación, desde tiempos de la historia y su relación con la iglesia católica, monjas y curas que han lucrado en Guatemala con el pan del saber, no digamos maestros que gritan en las manifestaciones, con una mano piden mejores salarios, más escuelas, aulas, maestros y, con la otra cobran por sus servicios profesionales y empresariales en el negocio, en donde lucran con la educación y el colmo es que seguimos dentro de los primeros lugares de analfabetismo.

En el caso de Quetzaltenango, conozco a los maestros que son dueños de colegio, para no ir tan lejos en el ejemplo. El mismo Director de Educación tiene un negocio educativo, vende servicios educativos y tiene su jugoso salario de empleado público y no hasta ahora, tiene su tiempo para su jubilación desde que era director de la Escuela de Comercio. Esas son las acciones contradictorias de nuestro país. Esos son los polos opuestos de la transparencia de las peticiones magisteriales, que pone en descredito a todo un movimiento que posiblemente lleve buenas intenciones de presionar al gobierno para que cumpla con mejorar la educación nacional.

Es cierto que faltan edificios educativos, mobiliario, maestros y por eso es que los colegios se han convertido en verdaderos negocios del lucro educativo, al extremo que el refrán popular ahora es: “si quiere hacer pisto, ponga un motel, cantina, barra show o colegio”. Los maestros deberían de dedicarse a ganarse el sueldo, a cumplir con la responsabilidad de enseñar más de lo que les piden. Basta ya con perder el tiempo, por más presiones que intenten hacer, el gobierno no cambiará sus políticas. Más daño le hacen a la educación del país, perdiendo tiempo y dejando abandonados a los alumnos.