Usar puntuación: / 0
MaloBueno 

 

 

 

 

 

 

Lic. Giovanni Barreno,

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Ante los últimos acontecimientos que han incidido en la vida política de nuestro país, es importante no perder de vista en nuestro análisis que todos estos tienen aspectos en común y que hay que buscarlas en las estructuras reales de poder que históricamente han conducido los destinos de Guatemala.

El 20 de mayo del presenta año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado guatemalteco la suspensión de la explotación minera que realiza la empresa Montana  Exploradora de Guatemala S.A. perteneciente a la canadiense Gold Corp., a través de otorgar medidas cautelares a 18 comunidades del departamento de San Marcos y que se ven afectadas por esta actividad que se realiza en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtaguacán del referido departamento. Ante esta situación el gobierno de Álvaro Colom ha decidido “suspender” está actividad, decisión que ha causado “inestabilidad” a los intereses de la empresa y con escepticismo entre los actores sociales dado que el mismo presidente Colom ha expresado que “tomará su tiempo” para que se haga efectiva tal decisión.

Por otro lado los acontecimientos que se han suscitado alrededor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con la renuncia del comisionado Carlos Castresana y de la cual derivaron otros hechos que parecían aislados como el nombramiento y posterior destitución del ex-Jefe del Ministerio Público Conrado Reyes, quien tenía vínculos con los ahora detenidos hermanos Valdez Paiz, acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de Rodrigo Rosemberg y quienes habían puesto en marcha un plan de desprestigio contra la CICIG y su comisionado, así como el de buscar el nombramiento de Conrado Reyes como Jefe del MP.

Son dos hechos que dan un amplio y variado análisis de la crisis política en que vive Guatemala y que bien podemos endosarlo a este y a los anteriores gobiernos, pero quedaríamos corto en el entendimiento del por qué estamos como estamos.

Es básico entender que el Estado de Guatemala ha sido punto de lucha de poder entre elites políticas y económicas, con el objetivo de mantener intacto los intereses que desde la época de la Colonia se han ido acumulando y que han causado periodos traumáticos para la mayoría de la población que le ha tocado vivir (militarismo, guerra interna, violencia, crisis económica, etc.), por lo que el Estado por siglos ha sido un garante y vigilante de los intereses de esas elites y no del bienestar común de la población, porque se han venido aplicando medidas para que el Estado en poco o en nada, tenga la capacidad política, jurídica e institucional para hacer cumplir en mínima parte, el de brindar protección no solamente física sino que económica y socialmente a sus ciudadanos y ciudadanas.

Por ello se explica el por qué de las declaraciones del Presidente Colom sobre el caso de la minería ó por qué del nombramiento de Conrado Reyes para el MP; ya que este Estado lo han ido desmantelando los grupos proclives al status quo (político y económico) y por aquellos que han ido ganando terreno como el narcotráfico, que sin mayores problemas van tejiendo su red de apoyo a sus intereses o de corrupción e impunidad, a través de ejercer el control de las relaciones de poder, ya sea desde lo interno o externo de las instituciones del Estado.

Por ello no hay que perder de vista las acciones que se generaran a partir de la tibia decisión del ejecutivo, sobre la suspensión de la explotación minera en San Marcos, ya que las redes de los intereses han iniciado su trabajo.